Ayuntamientos contra el nuevo boom fotovoltaico

En España se ubican los dos parques fotovoltaicos más grandes de Europa (Nuñez de Balboa en Extremadura y Mula en la Región de Murcia), aunque estas dos mega construcciones pronto quedarán pequeñas si se aprueban los macroproyectos que se encuentran actualmente en tramitación.

La implantación y extensión de las energías renovables es una oportunidad para que España alcance un futuro más respetuoso con el medio ambiente, lo cual no significa que los grandes proyectos para la energía solar estén libres de inconvenientes. De hecho, desde hace un año se encuentra en consulta pública el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un ambicioso proyecto del Gobierno de España que pretende alcanzar en 2030 los 89 GW instalados por las tecnologías renovables eólica y fotovoltaica. Ese año, cerca del 75% de la generación eléctrica deberá provenir de renovables, alcanzando el 100% en 2050.

Sin embargo, al amparo del citado borrador del PNIEC, en los últimos meses se ha desencadenado una carrera desaforada por proponer nuevas instalaciones de energías renovables. Esto ha disparado las alarmas sobre crear un sistema de concentración de la generación de la energía en oligopolios, puesto que el número de solicitudes de conexión a la red se ha disparado y se acumulan cientos de proyectos en las mesas de las administraciones responsables, la mayoría firmadas los mismos grandes grupos empresariales.

La mayor parte de las instalaciones se pretende ubicar en lo que una parte de la sociedad considera zonas marginales por ser áreas poco productivas de llanura, terrenos agrarios de baja productividad y zonas esteparias. Estas zonas, forman “puntos calientes” para la instalación, puesto que tienen en común las buenas condiciones de radiación solar, el relativamente bajo precio del suelo, una baja densidad de población y pocas alternativas económicas, además de una escasa apreciación social. No obstante, se ignora que muchas de estas zonas albergan valores naturales únicos que han convertido a España en el baluarte de la conservación en Europa. Un ejemplo de ello son las comunidades de aves esteparias (avutardas, sisones, gangas, aguiluchos, alondras, etc.), que presentan en España las mejores poblaciones europeas, cuando no mundiales, cosas que contribuye al atractivo de España como destino del pujante turismo de naturaleza.

Varias asociaciones de productores y empresarios locales como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) subraya que “esta invasión de macroparques está expulsando del territorio rural a los agricultores y ganaderos, provoca un tremendo impacto ambiental, paisajístico y que afecta a la calidad de vida de los vecinos y al turismo rural y de interior”. La organización agraria acusa a las autoridades de someter a España a una subasta y denuncia que el medio rural se sacrifica para abastecer de recursos a las ciudades, pues supone un cambio de uso del suelo rústico, de utilización agrícola o ganadera, a suelo industrial, sin posibilidad alguna de reversión futura.

Ante esta situación, se han sucedido todo tipo de muestras de oposición por parte de numerosos municipios españoles, puesto que en última instancia son los Ayuntamientos los que conceden las licencias pertinentes. Los municipios afectados pueden realizar alegaciones contra la autorización administrativa de estos proyectos y contra las declaraciones de impacto ambiental que formulan las Comunidades Autónomas o el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), según si la potencia de la planta supera los 50 Mwp (esto viene marcado por la normativa vigente en el sector, que es el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica). Además de estas alegaciones, la vía administrativa mediante un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía y la eventual vía contencioso- administrativa, son algunos de los principales mecanismos para evitar la implantación de estos proyectos.

Por todo ello, para cualquier asunto relacionado con la instalación de estos megaproyectos fotovoltaicos, el Departamento de Derecho Público de Unive Abogados se pone a disposición de las entidades locales para ofrecerles asesoramiento gratuito en la materia. Además de las actuaciones legales señaladas anteriormente, existen otros medios alternativos para la defensa de los municipios afectados que pueden ser de su interés. Para ello, puede contactar con nosotros en el email info@unive.es, llamarnos al 900 103 382 o redactar su consulta en el formulario que figura a continuación.