Los bonos argentinos emitidos por la provincia de Buenos Aires con el objetivo de financiar su deuda son un producto financiero complejo comercializado por Banco Santander entre su red de clientes, muchos de ellos minoristas sin conocimientos financieros específicos.
Dichos clientes, ahorradores, difícilmente podrían hacerse una idea en el momento de la comercialización de las condiciones de convertibilidad del producto y de las posibles vicisitudes que sus ahorros podrían sufrir a partir de la compra de los “bonos”, ni de los riesgos de no cobro de intereses, ni de los riesgos de perdidas según el mercado…. Omisión de la naturaleza del producto que choca frontalmente con la normativa de protección a los inversores minoristas y consumidores de productos bancarios, y en especial, la vigente Ley del Mercado de Valores.
Nos hallamos, una vez más, ante la colocación masiva entre ahorradores de productos de enorme complejidad a través de una red comercial que no está preparada para informar adecuadamente sobre las características y los riesgos de las inversiones.
Además, desde abril de 2020 la provincia de Buenos Aires dejó de realizar los pagos de los cupones programados por los bonos y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago respecto a todos los inversores. Es más, cabe pensar tras las últimas noticias, que actualmente existen grandes riesgos de que en el momento del canje, 20 de enero de 2023, no se llegue a cobrar nada.
En definitiva, cabe presuponer que el cliente minorista puede no haber recibido toda la información que la legislación impone a las entidades que comercializan productos de inversión. Y ante tal situación, el particular consumidor afectado por la suscripción de este producto de cuyas verdaderas características no ha sido informado, tiene opciones de reclamar por incumplimiento contractual de Banco Santander, quien debió asesorar adecuadamente a su cliente. Siendo la finalidad de la reclamación la recuperación de la totalidad de la inversión más el correspondiente interés legal, de modo que la sentencia favorable tendrá siempre como consecuencia que el cliente recupere toda su inversión y, en general, todo los costes del proceso judicial.
En Unive Abogados le ofrecemos la opción de reclamar judicialmente por los daños sufridos por la comercialización de dicho producto, rellenando el formulario que figura a continuación: