Contratación pública: concurrencia con la solvencia de otra empresa

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público tiene como objetivo principal facilitar el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como a las empresas de nueva creación que cuentan con una menor trayectoria profesional.

El órgano de contratación tiene potestad discrecional para establecer los criterios de solvencia económico-financiera y técnica o profesional, requisitos cuyo cumplimiento por parte de los operadores económicos es indispensable para poder participar y/o concurrir al procedimiento de contratación que se trate. Precisamente para allanar el terreno a las PYMES y empresas de reciente creación se posibilita la concurrencia mediante una serie de mecanismos que permiten acumular la solvencia de otras empresas a aquella que pretende licitar. Estos mecanismos son, fundamentalmente, los siguientes:

• Uniones temporales de empresarios. La normativa permite la concurrencia en unión temporal de empresarios, de forma que las empresas concurrentes puedan acumular sus respectivas solvencias y, de este modo, cumplir con los estándares mínimos exigidos por el órgano de contratación. Precisamente, para procurar una mayor participación –sin que el tiempo y el gasto económico de constituir una UTE sea impedimento-, la ley posibilita la presentación con un “compromiso de constitución en unión temporal de empresas”, de forma que, solo si las empresas concurrentes en UTE resultan definitivamente adjudicatarias incurrirán en los gastos de constitución (otorgar escritura, registrarse en el registro oficial, etc.).
• Integración de solvencia con medios externos. Se trata de una figura interesante en la que, sin necesidad de constitución de una “tercera mercantil”, una empresa concurre al procedimiento con integración de la solvencia de otra empresa que “le presta” unos determinados medios. Para concurrir a los procedimientos de contratación mediante de esta figura es necesario aportar una declaración relativa a la integración de medios por la que ambas empresas declaren que, de resultar adjudicataria la empresa licitadora, ésta dispondrá de los medios aportados durante toda la ejecución del contrato.

Como puede observarse, la normativa trata de eliminar los obstáculos previos, de forma que solo quien finalmente resulte adjudicatario del contrato –y, por tanto, quien vaya a recibir la contraprestación por los servicios prestados- sea quien realmente realice todos los trámites burocráticos.

Para cualquier asunto relacionado con contratación pública, el Departamento de Derecho Público de Unive Abogados se pone a su disposición para ofrecerle asesoramiento gratuito al respecto. Para ello, puede contactar con su abogado de referencia en Unive Abogados, o su consulta en el formulario que figura a continuación.