La digitalización en el acceso a la justicia

Debido a la situación de pandemia de COVID-19 en la que nos encontramos, ha surgido la imperiosa necesidad de acelerar la digitalización en Europa. La transformación digital aparece como un pilar fundamental para fomentar nuevas formas de crecimiento en la UE, a través de la presentación de una Brújula Digital global, en la que se puedan exponer todas aquellas ambiciones digitales a las que aspira la UE, con el objetivo de consolidar una serie de objetivos como son: la implantación de infraestructuras de redes seguras y alta capacidad, tales como la fibra y el 5G, la mejora de medidas para protegerse contra las ciberamenazas y el fomento del desarrollo europeo de la próxima generación de tecnologías.

Para la consecución de tales retos, se debe consolidar el término “digitalización”, ya que las tecnologías digitales no solo influyen en los medios a través de los que nos comunicamos sino también en nuestra forma de vivir y trabajar. Uno de los principales ámbitos de actuación de estrategia de la UE es la digitalización de la justicia, para mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos y de las empresas y conseguir una mayor eficiencia en los procedimientos judiciales.

En consecuencia, el Consejo de la Unión Europea ha publicado el 7 de octubre de 2020, un documento denominado “Conclusiones Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de digitalización”. El acceso a la justicia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. A su vez, en el artículo 19 del mismo se establece que se deben garantizar las vías de recursos necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.

Al tratarse de un derecho fundamental, el desarrollo digital en el sector de la justicia se debe centrar en el ser humano y adecuarse completamente a la independencia e imparcialidad de los tribunales y jueces, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a una audiencia equitativa. Es un hecho que la digitalización se encuentra en la vida de las personas y se debe introducir en los sistemas judiciales para facilitar y mejorar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos de la UE, ayudando a estructurar mejor los procedimientos y automatizando la gestión de tareas uniformes y aceleradas.

Uno de los puntos esenciales que se trata en este texto es la invitación a los Estados miembros a utilizar herramientas digitales en los procedimientos judiciales, en concreto los que ofrece el marco del Sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (eIDAS), como medios seguros de identificación electrónica y servicios de confianza, pero siempre salvaguardando los principios fundamentales de los sistemas judiciales.

La Inteligencia artificial es uno de los elementos clave que se podrá desarrollar cuando exista un nivel suficiente de digitalización, pudiendo inferir en un futuro en tareas complejas, como es el análisis, la estructuración y la preparación de información sobre el objeto de asuntos, transcripción automática de las grabaciones orales e incluso en la evaluación de documentos jurídicos y sentencias de los órganos jurisdiccionales. No obstante, no pudiendo ser olvidados los riesgos que puede conllevar la aplicación de la misma, perpetuando prejuicios o desigualdades en la toma de decisiones, dando lugar a la vulneración de derechos fundamentales como es la dignidad humana y el derecho a la libertad, la no discriminación, la privacidad y protección de datos, así como el derecho a un juicio justo.

Por ello es necesario, por un lado, el estudio de los requisitos legales obligatorios para el diseño, desarrollo, la implantación y el uso y evaluación de tales sistemas, aplicando normas, como es la prohibición de automatización en la toma de decisiones judiciales, el cumplimiento normativo del Reglamento General de Protección de Datos 619/2016, creación de un carta ética digital, y por otro lado, llevar a cabo un procedimiento de evaluación previa en relación, con el objetivo de comprobar la fiabilidad, comprensibilidad, solidez y seguridad de los sistemas, disponiendo de los medios adecuados para poder llevar un seguimiento y una revisión de las aplicaciones de inteligencia artificial y sus resultados.

En conclusión, es necesario el aprovechamiento de todas aquellas herramientas digitales que puedan suponer una mayor eficacia y eficiencia en los procedimientos judiciales, para mejorar el acceso a la justicia y así evitar el colapso de los procesos, que se pueden dilatar en el tiempo. Sin embargo, el uso de tales herramientas debe ser adecuado y proporcionado a los derechos fundamentales de los ciudadanos, no pudiendo interferir las mismas en el poder de decisión de los jueces ni con la independencia judicial ni vulnerar el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.