Nuevas exigencias para empresas en contrataciones con consumidores

El pasado 28 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril por el que se reforma parcialmente la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Esta reforma viene motivada por la exigencia de adaptar la normativa nacional a lo establecido en la Directiva 2019/770 relativa a contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y la Directiva 2019/771 sobre determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes.

La normativa europea tiene entre sus objetivos armonizar determinados aspectos relativos a los contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos o servicios digitales, y lograr un auténtico mercado único digital, reforzar la seguridad jurídica y reducir los costes de las transacciones, en particular, para las pequeñas y medianas empresas. También pretenden implementar patrones de consumo más sostenibles y una economía circular a través de garantizar una mayor durabilidad de los bienes.

En línea con lo anterior, se introducen importantes cambios para el empresario o profesional en sus relaciones con los consumidores y usuarios. Entre ellas, cabe destacar:

• La garantía legal de los bienes se amplía hasta los tres años. Durante ese plazo, el empresario responderá de la falta de conformidad del producto. En el caso de los servicios digitales este plazo será de dos años.
• Se presumirá que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega si esta se manifiesta en los dos años siguientes a la entrega del bien o en el año siguiente si estamos ante contenidos o servicios digitales.
• En los productos de segunda mano las partes no podrán pactar un plazo de garantía inferior a un año.
• Para determinar si estamos ante una falta de conformidad o no del producto o servicio habrá de atenderse al cumplimiento de unos requisitos subjetivos y objetivos.
• El plazo para reclamar al empresario el cumplimiento se amplía de tres a cinco años a contar desde la manifestación de la falta de conformidad.
• El consumidor podrá optar por la reparación o sustitución -siempre y cuando no sea imposible o sea desproporcionada- y si esto es insuficiente podrá optar por la reducción del precio o la resolución del contrato.
• El productor deberá garantizar la existencia de un servicio técnico y repuestos durante el plazo mínimo de diez años, dejando atrás los cinco años exigidos en la actualidad.

Estas medidas tratan de “pasar del actual modelo lineal de nuestra economía, que se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de «usar-consumir-tirar», lo que conlleva un uso intensivo de recursos naturales y una elevada generación de residuos, a un modelo en el que el valor de los bienes se mantenga durante el mayor tiempo posible”.

Por lo anterior, la modificación otorga una mayor protección al consumidor y obliga a empresas y profesionales a adaptar tanto la documentación contractual y precontractual de los bienes y/o servicios como sus servicios postventa.

Si se encuentra afectado por esta situación o requiere asesoramiento para garantizar un espacio seguro y adaptado a la actividad y a las regulaciones vigentes, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.