En un esfuerzo por modernizar y agilizar los procedimientos judiciales, el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, introduce importantes cambios en la Administración de Justicia, especialmente en lo que respecta a la comunicación electrónica con las partes procesales. A partir del 20 de marzo de 2024, será obligatorio el uso de la comunicación electrónica para el primer emplazamiento de personas jurídicas en procedimientos judiciales, según lo estipulado en el título VIII del libro primero del mencionado decreto.
Esta medida forma parte de las acciones urgentes para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y afecta directamente a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Según el artículo 155.1 de la LEC, si una parte está obligada legal o contractualmente a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, el emplazamiento se realizará mediante comunicación electrónica. Si en tres días el destinatario no accede al contenido, se procederá a su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único.
Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta desafíos significativos, especialmente en términos de infraestructura tecnológica. La aplicación "Carpeta Justicia", que facilitará estos procesos, aún está en fase piloto, y las Comunidades Autónomas tienen hasta el 30 de noviembre de 2025 para establecer un "Punto Común de Actos de Comunicación".
Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha respaldado la validez del emplazamiento en soporte documental, especialmente en casos donde la parte no se haya personado electrónicamente. Sentencias como la STC 138/2023 y la STC 47/2019 subrayan la importancia de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva, incluso en un entorno cada vez más digitalizado.
Este cambio normativo busca no solo adaptar la justicia al entorno digital, sino también garantizar la eficiencia y la protección de los derechos fundamentales en el proceso judicial. A medida que se acerca la fecha de implementación, será crucial observar cómo se desarrollan estas infraestructuras y cómo se resuelven los desafíos prácticos y legales que surjan.
Unive Abogados pone a su disposición a su equipo de letrados especialistas en asesoramiento a autónomos, PYMES y empresas de gran tamaño de cualquier sector tanto privadas como públicas para asesorarle en cualquier área legal, fiscal y económica.