El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia activó la llegada de los fondos Next Generation EU a España, por ello, se publicó el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y posteriormente se aprobaron las Órdenes HFP/1030/2021, y HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre, promulgando, la primera de ellas, la obligatoriedad para todos los perceptores de fondos europeos de disponer de un Plan de Medidas Antifraude.
Se prevé que España reciba un total de aproximadamente 140.000 millones de euros, y el último informe de ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de septiembre de 2022 indica que, hasta la fecha, las Comunidades Autónomas han recibido más de 18.000 M€ y están pendientes de distribuir más de 90 M€.
A estas alturas prácticamente todos los perceptores de los fondos disponen de un Plan de Medidas Antifraude, aunque, lamentablemente aun encontramos entes públicos rezagados que no han implementado dichas medidas en sus organizaciones. No cumplir con la norma puede poner en riesgo la prosperidad y buena marcha de la organización, cualquiera que sea su naturaleza, dado que, cumpliendo todos los requisitos, los fondos -a priori- no son reembolsables, en cambio, aquellos entes que no hayan interiorizado que deben aportar su granito de arena para luchar contra el fraude, el conflicto de intereses y la corrupción, y a día de hoy sigan sin publicar su propio Plan de Medidas Antifraude corren el riesgo de no percibir fondos o de verse obligados a su reembolso en el futuro.
Unive Abogados cuenta con abogados especialistas en esta materia, con gran experiencia en materia de cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas. En la actualidad estamos asesorando a varias entidades públicas y privadas en la elaboración y ejecución de los correspondientes “planes antifraude” y sus medidas de implantación efectiva.