Obligatoriedad del Plan Antifraude en AAPP

En las últimas semanas han proliferado las noticias relacionadas con la aprobación de planes antifraude en distintas AAPP, fundamentalmente Ayuntamientos. Se trata de una obligación que ya se imponía en el artículo 64 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que se ha visto reforzada por las medidas impuestas en relación con la gestión de Fondos Europeos Next Generation.

Tras la aprobación de dos Órdenes Ministeriales el pasado mes de septiembre de 2021 (Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre) toda entidad del sector público que participe como perceptor de fondos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estará obligada, entre otras medidas, a disponer de un Plan de Medidas Antifraude.

La OM establecía un plazo de 90 días para la aprobación de los “Planes Antifraude”, plazo que en general ha sido incumplido; lo que no obsta a que siga resultando obligatorio, pues sin el cumplimiento adecuado de las medidas establecidas en la OM no será posible el acceso a los fondos.

Si bien la primera actuación que ha de ejecutarse es la elaboración del “Plan Antifraude”, las citadas Órdenes Ministeriales imponen una serie de obligaciones de seguimiento, actuación e información periódica que conforman un auténtico programa de cumplimiento normativo (“compliance”) enfocado en la prevención del riesgo.

En nuestra opinión, todas estas previsiones podrán tener un doble efecto positivo dentro de cada ente público: por un lado y más importante, su razón de ser fundamental, prevenir la corrupción y el fraude adoptando todas aquellas medidas que permitan minimizar su efecto. Pero por otro lado y también de gran importancia, el “cumplimiento normativo” correctamente ejecutado supone un importante escudo para aquellos “funcionarios” que lleven a cabo de manera efectiva la gestión de los fondos, minimizando sus posibles responsabilidades.

Por todo lo anterior, creemos que un asesoramiento adecuado en la elaboración del Plan Antifraude y en la adopción de medidas de implementación, ejecución y seguimiento cobra gran importancia en estos momentos. Unive Abogados dispone de los medios materiales y personales necesarios para prestar tales servicios, y amplia experiencia en la gestión de asuntos similares para entidades del Sector Público.