Los Planes Antifraude se han erigido como la alternativa más eficaz, a priori, para evitar, prevenir y detectar el fraude, la doble financiación, los conflictos de intereses y la corrupción ante la llegada de los Fondos Next Generation UE.
Por el momento, la mayoría de las entidades públicas perceptoras de fondos, en virtud del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y tras la aprobación de las dos Órdenes Ministeriales (HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre) están adoptando las medidas concretas -y obligatorias- para “prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses, corrupción y el fraude, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión”, esto es, están poniendo en funcionamiento sus respectivos Planes Antifraude dentro de sus organizaciones, todo ello “consonancia con el principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses”.
Paralelamente, es responsabilidad del Estado “garantizar el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperar los importes pagados o utilizados indebidamente”; el Reglamento prevé que se deberán llevar a cabo auditorías que detecten y corrijan el fraude, así como instaurar procesos de seguimiento en casos sospechosos de fraude, todo ello con la finalidad de poder recuperar aquellos Fondos de la UE gastados fraudulentamente.
Los Ayuntamientos, y en general, las entidades públicas perceptoras de fondos, no querrán verse en esa tesitura, pues precisamente los fondos llegan para ayudar a paliar los graves efectos de la crisis provocados por la pandemia, de ahí nace la verdadera importancia de que las AAPP vean el Plan Antifraude como un documento vivo que debe estar continuamente adaptándose a las circunstancias, no se trata de un simple cumplimiento normativo, es una nueva forma de gestión que previsiblemente llega para quedarse.
Por todo lo anterior, creemos que un asesoramiento adecuado en la elaboración del Plan Antifraude y en la adopción de medidas de implementación, ejecución y seguimiento cobra gran importancia en estos momentos. Unive Abogados dispone de los medios materiales y personales necesarios para prestar tales servicios, y amplia experiencia en la gestión de asuntos similares en entidades del Sector Público.