Public Compliance y seguimiento de los planes antifraude

Toda Solicitud de Pago irá acompañada de una Declaración de Gestión que, expresamente, deberá informar que: “los sistemas de control establecidos ofrecen las garantías necesarias de que los fondos cuantificados en los Informes de Gestión se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables, en particular las normas relativas a la prevención de conflictos de intereses, del fraude, de la corrupción y de la doble financiación”. (Artículo 13 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

Por tanto, no se trata solamente de la aprobación del “Plan Antifraude”. La mayor parte del esfuerzo que deben realizar las Administraciones en relación con las medidas antifraude comienza precisamente tras la aprobación del plan.

Es más, se trata de procesos de gestión que no resultan en absoluto ejecutables de manera automática. Son procesos que requieren de especial atención por parte de los encargados de su ejecución pues pueden revestir una especial complejidad, lo que requerirá de conocimientos específicos en materia de “public compliance”.

La evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan, revisable de manera periódica, supone el análisis detallado de los procesos de gestión relacionados con la ejecución de los fondos, la valoración de los mismos en relación con la posible necesidad de implantación de controles adicionales, adopción de medidas efectivas de mitigación, etc. Se trata por tanto de una evaluación que solamente puede hacerse atendiendo a la estructura y los procedimientos de cada entidad pública, sin que sea posible su correcta ejecución sin un análisis “in situ”.

Existen además otras actuaciones a realizar, como el desarrollo de los indicadores de fraude (banderas rojas) y la respuestas a plantear ante la aparición de riesgos potenciales, la necesidad de definir medidas preventivas ajustadas a situaciones concretas para reducir el riesgo de fraude, etc., que impiden considerar esta cuestión como un proceso estático, sino que las AAPP deben interiorizar la necesidad de plantear la “lucha contra el fraude” como un conjunto de batallas que se desarrolla en el tiempo a través de las necesarias adaptaciones.

Unive Abogados cuenta con abogados especialistas en esta materia, con gran experiencia en materia de cumplimiento normativo en las Administraciones Públicas. En la actualidad estamos asesorando a varias entidades en la elaboración y ejecución de los correspondientes “planes antifraude” y sus medidas de implantación efectiva.