Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de inteligencia artificial (IA)

En abril de 2021 se presentaba la propuesta del Reglamento IA por la necesidad de crear normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. El objetivo no era tanto regular la tecnología, sino controlar y supervisar las implicaciones de estos sistemas, especialmente de aquellos considerados de alto riesgo. Finalmente se publicó el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

El texto legal comienza con 180 considerandos en los que se proporciona el contexto, objetivos y razones que justifican la adopción del Reglamento.

Cabe mencionar, la creación de los diversos órganos reguladores en materia de IA se encuentran los siguientes entes:

• Oficina de IA: en la que se desarrollarán los conocimientos y capacidades especializados de la Unión en el ámbito de la IA.
• Consejo Europeo de Inteligencia Artificial (CEIA): prestará asesoramiento y asistencia a la Comisión y los EE.MM. para facilitar la aplicación del Reglamento.
• Foro consultivo: proporcionará conocimientos técnicos y asesoramientos a la Comisión y a la propia CEIA.
• Grupo de expertos científicos independientes: apoyará las actividades de garantía del cumplimiento del Reglamento IA.
• Autoridades nacionales competentes: cada EE.MM. establecerá, al menos, dos autoridades competentes nacionales, una como notificante y otra como supervisora del mercado.

Finalmente, el régimen de sanciones, el artículo 99 establece un límite superior de hasta 35 millones de euros, o de hasta el 3% del volumen de negocios mundial en caso de infractores personas jurídicas. De otro lado, el artículo 100 establece que el Supervisor Europeo de Protección de Datos podrá imponer multas administrativas a las instituciones de la Unión con un límite de hasta 1,5 millones de euros.

El objetivo fundamental del Reglamento es el de establecer un marco jurídico uniforme en materia de Inteligencia Artificial, garantizando el empleo de herramientas IA centradas en el ser humano, más fiables, que aseguren un alto nivel de seguridad y protección, al tiempo que se garantiza la libre circulación de mercancías y servicios basados en la IA en toda la Unión Europea.

Las principales prácticas de IA prohibidas vienen contenidas en el art. 5 del Reglamento, entre las que se encuentran las siguientes:

• El uso de sistemas de IA que empleen técnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras o engañosas, con el objeto de alterar el comportamiento de las personas o influir en su proceso de toma de decisiones.
• El empleo de sistemas de IA que exploten vulnerabilidades de personas o colectivos.
• La utilización de sistemas de IA creados para evaluar o clasificar personas físicas o colectivos, resultando en un trato perjudicial o desfavorable en contextos distintos a aquellos en los que se recabaron los datos, o resulte dicho trato injustificado o desproporcional.
• La puesta en servicio de sistemas de IA que realicen evaluaciones de riesgos que pretendan valorar o predecir el riesgo de que una persona física cometa un delito en base a un perfil.
• Los sistemas de IA que creen o amplíen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción de imágenes de internet o televisión.
• Los sistemas de IA que sirvan para inferir las emociones de una persona en los lugares de trabajo y centros educativos, a menos que tengan una médica o de seguridad.
• Los sistemas de categorización biométrica que clasifiquen a personas físicas por sus datos biométricos para inferir o deducir categorías especiales de datos personales.
• Los sistemas de identificación biométrica “en tiempo real” en espacios de acceso público salvo que tenga una finalidad de seguridad.

Periodo máximo de implementación:

El Reglamento en su totalidad será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026. Ahora bien, ciertas disposiciones como el Capítulo I o el régimen de prohibiciones serán aplicables desde el 2 de febrero de 2025. Finalmente, “el artículo 6, apartado 1, y las obligaciones correspondientes del presente Reglamento serán aplicables a partir del 2 de agosto de 2027”.

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