Sanción por vulnerar el derecho de oposición

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 15.000 euros a una empresa por la infracción del artículo del 21.1 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (en adelante LSSI), por el incumplimiento del derecho de oposición al envío de comunicaciones comerciales y publicitarias.

Los días 20 y 26 de enero de 2021 el reclamante, cliente de la empresa, envió varios correos electrónicos ejercitando su derecho de oposición. Sin embargo, aun habiendo recibido por parte de la entidad acuse de recibo de los correos electrónicos, la empresa continuó enviándole comunicaciones comerciales.

Dicho comportamiento ha sido sancionado por la AEPD en su Resolución PS/00255/2021. El artículo 21.1 de la LSSI prohíbe de forma expresa las comunicaciones comerciales dirigidas a la promoción directa o indirecta de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, sin consentimiento expreso del destinario.

Si bien es cierto que el reclamante es cliente de dicha empresa, no había dado en ningún momento su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales. Además, su derecho de oposición no fue atendido por la empresa, lo que ha supuesto la infracción del artículo citado anteriormente.

En conclusión, para que una empresa pueda enviar comunicaciones comerciales debe de existir una relación contractual con el destinatario, así como contar con su consentimiento expreso. Además, la empresa debe habilitar un medio sencillo y gratuito para que el destinatario, si así lo desea, pueda ejercitar su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales con fines promocionales.

La empresa siempre debe contar con los mecanismos adecuados para que el interesado pueda ejercitar sus derechos, en este caso, su derecho de oposición y, para ello, es necesario contar con abogados especialistas que puedan asesorar en materia, con el objetivo de evitar cualquier vulneración de los derechos establecidos en la normativa y sus respectivas sanciones.