Se agota el plazo para implantar el canal de denuncias en las AAPP

El 13 de junio finaliza el plazo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, para implantar un canal de denuncias en todas las Administraciones Públicas, tanto a nivel estatal, como autonómico y local. En concreto, deberán tenerlo listo todos aquellos municipios de más de 10.000 habitantes y demás entidades del sector público.

La implementación del canal de denuncias supondrá un mecanismo de detección temprana en aras de evitar la comisión de conductas ilícitas, permitiendo a su vez que los empleados y funcionarios públicos, e incluso otros terceros, puedan denunciar de manera anónima cualquier indicio de práctica ilegal y/o corrupta que surja en el seno de las organizaciones; promoviéndose así una cultura de cumplimiento normativo y un entorno ético.

Los canales de denuncias permitirán el conocimiento de infracciones administrativas y de carácter laboral, así como la persecución de delitos contra la Administración Pública tipificados en nuestro Código Penal, de entre todos, destacan los siguientes:

• Malversación de caudales públicos. En los últimos años, hemos sido testigos de numerosos casos mediáticos en los que cargos públicos han realizado un uso inadecuado de recursos pertenecientes a las arcas públicas, destinando parte de las mismas a fines personales o de terceros. El canal de denuncias facultará a empleados públicos a informar de actividades sospechosas que puedan implicar un desvío de fondos.
• Cohecho pasivo o de funcionario público. El uso de un canal de denuncias proporcionará una vía segura para que los trabajadores de organismos públicos puedan informar de posibles retribuciones económicas o en especie recibidas por compañeros de trabajo para realizar actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo.
• Prevaricación de autoridades o funcionarios públicos. El canal de denuncias permitirá la investigación de autoridades o funcionarios públicos que dicten resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia (por ejemplo, concesión de licencias para la construcción en suelo no urbanizable o la autorización ambiental de una actividad contaminante), así como de aquellos que procedan al nombramiento de cargo público a personas que no cumplen los requisitos legalmente exigibles.
• Tráfico de influencias. El buzón constituirá un cauce para que, aquellos que sean conocedores del abuso de posición de poder por parte de funcionarios y/o cargos públicos, puedan revelar de forma anónima situaciones tales como la agilización en la concesión de licencias lícitas de aperturas de negocios, la influencia en miembros de tribunales a la hora de calificar a los participantes en un proceso de oposición o la paralización de un procedimiento sancionador administrativo para conseguir que, por el transcurso del tiempo, la sanción prescriba y, en consecuencia, no haya que pagar una determinada multa.

En definitiva, cumplir con la nueva legislación vigente y en el plazo otorgado para ello nunca fue más importante, teniendo en cuenta que el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información o "Canal de denuncias", en los términos exigidos, tendrá la consideración de infracción muy grave y lleva aparejada la imposición de multas entre 600.001 y 1.000.000 de euros, así como la gravedad de las consecuencias de la comisión de las infracciones de tipo penal señaladas para las Administraciones Públicas.

Aquellos Ayuntamientos que necesiten un asesoramiento adaptado a sus necesidades prestado por técnicos y especialistas jurídicos en la materia, con amplia experiencia en Public Compliance y adecuación a la normativa vigente en el ámbito de las Administraciones Públicas, pueden solicitar información a Unive Abogados.