Teletrabajo y Protección de Datos Personales en la Administración Pública

El Real Decreto-ley 29/2020 , de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, recuerda la necesidad de dar cumplimiento a la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales en el marco del teletrabajo.

Este Real Decreto tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas, impulsando nuevas formas de organización y estableciendo por primera vez una regulación básica del teletrabajo en las Administraciones Públicas y su adaptación a la administración digital.

El teletrabajo se entiende como una modalidad preferente de trabajo a distancia que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la Administración, para la prestación de servicios mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Por ello, será necesario garantizar la formación del empleado público en materia de protección de datos personales en la Administración Pública, y en concreto, mediante un buen uso de los dispositivos tecnológicos, con el objetivo de poder desarrollar correctamente la prestación de trabajo en la modalidad de “teletrabajo” y así evitar cualquier tipo de incumplimiento en materia de protección de datos o brecha de seguridad, siendo necesario conocer las prácticas adecuadas para ello, que aparecen publicadas en el artículo “Teletrabajo y administraciones públicas: situación actual y buenas prácticas”.

En su preámbulo hace referencia al necesario cumplimiento de la normativa de protección de datos, concretamente, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esto se traduce en garantizar todos aquellos derechos relacionados con el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, entre ellos:

• Los derechos digitales en la negociación colectiva: el convenio colectivo ocupa un lugar importante en el ámbito de protección de datos. Se debe establecer garantías adicionales de los derechos relacionados con el tratamiento de datos personales de los empleados públicos.
• El derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral: los empleados públicos tienen derecho a la intimidad en el uso de dispositivos que las Administraciones Públicas ponen a su disposición. Si bien ese derecho permite un derecho de exclusión de la inspección de la Administración en aquellos casos en los que no se haya aprobado un protocolo de uso de dispositivos para fines privados. Esto no supone que no se pueda controlar el uso de dichos dispositivos para verificar su correcta utilización y garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, siempre que se haya comunicado a los empleados, por ejemplo, mediante la aprobación de un manual de buenas prácticas en el uso de dispositivos tecnológicos.
• El derecho a la desconexión digital: si bien es cierto que los medios tecnológicos hacen posible el teletrabajo, existe un riesgo de irrupción de tales medios a cualquier hora. Por ello, las Administraciones Públicas deben elaborar una política interna dirigida los empleados públicos, con todas aquellas modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión, siendo necesario a su vez, garantizar la formación y sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas con el objetivo de evitar una fatiga tecnológica.

Si las Administraciones Públicas cuentan con un Delegado de Protección de Datos, que vele por el cumplimiento de la normativa de protección de datos en la Administración, y, además, se encuentren conformes con el Esquema Nacional de Seguridad, podrán afrontar con totales garantías los retos que plantea el teletrabajo en cuanto a seguridad de la información.